La crisis de la educación tiene raíces coloniales y al mismo tiempo es expresión de la crisis y agotamiento de la vieja república, de la incapacidad de sus clases dominantes para encararla y priorizarla como política de Estado, para su acceso universal, gratuito y de calidad, y como componente central del desarrollo nacional. Los regímenes antidemocráticos y excluyentes con gobiernos elitistas, dependientes sólo han reproducido políticas educativas coyuntaralistas orientadas a reforzar y/o justificar la permanencia de un sistema social económico y político que profundiza las contradicciones sociales, la antidemocracia, la inequidad e intolerancia. La derecha entreguista y autoritaria desde hace 187 años persiste en el modelo de desarrollo primario exportador, bajo este esquema la inversión en educación, investigación, ciencia y tecnología, no tiene sentido.
La educación que impone el imperialismo, su modelo neoliberal fracasado y la globalización hegemónica en curso, ha significado la aplicación de la “reforma educativa” diseñada por sus organismos financieros multilaterales, cuyo objetivo es terminar con la Educación como un derecho humano fundamental para convertirla en una vulgar mercancía, sujeta a las leyes del mercado, al alcance de los que puedan pagar por ella. Para eso se reduce el rol y obligación del Estado de garantizar la educación como derecho universal, gratuito y de calidad, se mezquinan los presupuestos, se envilecen las currículas, se degrada la profesión magisterial. Esta situación ha venido acompañada de una ofensiva ideológica con el propósito de destruir las manifestaciones culturales y la identidad Nacional de nuestros pueblos, promoviendo "valores" totalmente ajenos a nuestras culturas ancestrales que inspiran la solidaridad, la reciprocidad y la búsqueda del bien común. Su objetivo no solamente es allanar el camino a la profundización de la reforma educativa neoliberal, sino también consolidar una corriente de pensamiento conservador, autoritario y excluyente.
Luego del derrumbe del Estado de Bienestar se han introducido políticas neoliberales, abriendo la educación al mercado, diversificando los proveedores, y generando espacios de competencia entre sectores públicos y privados. El Estado de bienestar deficiente en su rol regulador y conductor, altamente centralizado y autoritario generó una fuerte tendencia de descentralización y democratización del sistema educativo, esta situación fue aprovechada por los gobiernos neoliberales para que en el discurso político prometan libertad de elección, autonomía, diversidad de ofertas, calidad y competitividad y en la práctica ejerzan mecanismos de poder y control más elevados, ejecutan el programa estricto de ajuste estructural, impuesto por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Cuyo propósito es reducir el gasto fiscal, debilitar a los sindicatos docentes o el poder de algunos gobiernos particulares (como lo intentó el Banco Mundial con el gobierno Sandinista en Nicaragua) y asegurar la continuidad del modelo neoliberal.
En la mayoría de los países de la región, el traspaso de "poder" se realizó hacia los gobiernos locales (estado, provincia, o municipalidad) al margen de un proceso de descentralización integral del Estado. Estos cambios introdujeron predominantemente políticas de descentralización lineal en que se delegan tareas desde arriba hacia abajo. Se les asigna a los gobiernos locales la responsabilidad de dar cuenta de sus decisiones y resultados al nivel central, y no necesariamente a la comunidad local. Por otra parte, un segundo giro de esta tendencia fue la introducción de políticas de privatización, competencia por financiamiento, autofinanciamiento disfrazado de autonomía escolar, y libre elección. De este modo, distintos actores se incorporan a participar de la oferta educativa, con lo cual se intenta generar un mercado y una competencia por atraer clientes. Esta situación hace que estas políticas tengan acogida de la población, puesto que el Estado aparece como abierto, descentralizado, protector y democrático, apoyando a diversos proyectos y sectores de la sociedad. Paralelo a la ampliación, diversificación y modernización del sistema educativo nacional, los estados fueron los que promocionaron e impulsaron la privatización y la transferencia de la gestión educativa pública a los municipios como formas de limitar el rol del financiador del Estado y trasferir progresivamente los costos a la comunidad.
En el campo de la educación, en la mayoría de los países, el Estado ha preservado e incluso incrementado su poder dejando poco espacio a las diversidades locales. Existe un conjunto de mecanismos para centralizar los recursos económicos e imponen un diseño curricular y evaluaciones hacia un doble interés, por un lado, para asegurar un capital humano favorable a la política económica. Y a su vez, procura garantizar una moral que preservar el orden social y el pensamiento único. Sumado a ello, ha crecido la centralización de estándares nacionales, evaluaciones y mediciones a estudiantes, a profesores, y a la gestión de las escuelas, además de sistemas de certificación. De forma creciente, en algunos países se están utilizando las evaluaciones estandarizadas para comparar y rankear las escuelas ofreciendo información "objetiva y transparente" para los padres. Además, a partir de las evaluaciones, las escuelas y profesores deben rendir cuentas de sus resultados, lo que trae aparejada la aplicación de des/incentivos del Estado, como por ejemplo la variación de sueldos y pensiones de los profesores, tal es el caso de nutro país.
En Argentina, la transferencia de las escuelas primarias (78) y de las escuelas secundarias (92) a las provincias consistió en una medida economicista de ajuste estructural, que traslada la responsabilidad del gasto público en educación a las provincias con el propósito de mejorar el equilibrio fiscal de las cuentas nacionales. El mejoramiento de los aspectos pedagógico-curriculares fue un aspecto secundario. Este proceso de descentralización burocrática y economista ha fracasado.
La reforma estructural implementada en Chile durante la década de los 80 se organizó alrededor de la municipalización de las escuelas y de la privatización del sistema, motivo por el cual es posible designar esta iniciativa en términos de una «descentralización con orientación privatizadora». Por un lado, la descentralización consistió en transferir a los más de 300 municipios del país una serie de competencias administrativas relacionadas con la infraestructura y el equipamiento, y con la gestión de recursos financieros y humanos. Desde el punto de vista de la demanda, se promovió la libertad de elección de los padres con respecto a la institución escolar para la educación de sus hijos, con independencia de su ubicación geográfica y de todo otro factor exógeno a su criterio. Asimismo, en el plano de la oferta de servicios educativos se promovió la libre competencia entre escuelas públicas y privadas, lo que significó en la práctica la privatización de la educación. La principal herramienta de promoción de la actividad privada en educación consistió en un esquema que combinó dos nuevas herramientas de financiamiento del sistema: la distribución de subsidios en proporción a la cantidad de alumnos matriculados tanto en escuelas municipales como en escuelas privadas; y un plan de incentivos para involucrar a empresas y a corporaciones en la administración de escuelas técnicas y vocacionales. Esto termino incrementando la inequidad entre los resultados educativos de los estados (municipios) pobres y los de los estados ricos. Los magros resultados de aprendizaje de los alumnos y la agudización de la desigualdad en la distribución social de las oportunidades educativas motivaron una nueva reforma, que, a diferencia de la de los 80, se centró en los aspectos estructurales del sistema y en los contenidos, entendida como modelo de descentralización pedagógico-curricular orientado a mejorar la calidad educativa, con intervención del Estado mediante programas de discriminación positiva que promuevan la equidad.
Diversos autores han advertido los peligros de estas políticas en contextos altamente estratificados e inequitativos, nos indican que tienden a aumentar los niveles de aislamiento y segregación social. Además, en varios casos existen proyectos de autonomía institucional y curriculum locales que son más bien una retórica formal, pues no están acompañados por las necesarias condiciones materiales y administrativas para llevarlos a cabo. Esta discusión sobre las políticas de descentralización es especialmente significativa en el contexto chileno, donde en la actualidad el esquema institucional del sistema educativo se encuentra fuertemente cuestionado. Hay suficiente evidencia y bastante consenso respecto a que el modelo educativo municipal actual es insostenible. Es un esquema inequitativo, poco eficiente, y con bajos niveles de autonomía y participación local. El Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2009, titulado: “Superar la desigualdad: por qué es importante la gobernanza” señala que “…las políticas de descentralización han amplificado con frecuencia las desigualdades, al ahondar las diferencias que se dan en materia de financiación ente las regiones más ricas y las más pobres.
Alan García Pérez a citado una y otra vez a Finlandia como ejemplo, comparar a Finlandia con nuestro país es irracional, absurdo y demagógico. Finlandia en primer lugar junto con Noruega y Suecia, es uno de los países con menor desigualdad en el mundo. Allí, sólo un 2% de la población es considerado pobre, pero seguramente con criterios distintos de los que usamos nosotros. Es un país, en donde todos viven en plenitud. Pero no es sólo la situación socioeconómica la que explica los altos niveles de calidad educativa en Finlandia. Este país comenzó a superar el analfabetismo en el siglo XVII. Son una población que habla dos lenguas originarias (finés, sueco o lapón) y por lo menos una lengua extranjera, generalmente el alemán, es una población letrada, con un nivel elevado de cultura personal. Además es uno de los primeros países del mundo que ha incorporado con calidad y eficiencia el manejo de las TIC. En Finlandia la educación es gratuita, universal y de calidad. Los municipios imparten casi toda la educación preescolar, básica y secundaria superior general. El Consejo de Estado decide los objetivos generales nacionales de la educación básica y la distribución de las horas de clase entre las asignaturas. El Consejo Nacional de Educación elabora las pautas para los programas de estudios de todo el país, en base a los cuales se elaboran los programas por municipio o por escuela. El Ministerio de Educación financia la educación general, la formación profesional básica y complementaria, la enseñanza y la labor de Investigación y Desarrollo de la escuela superior profesional, la enseñanza y la investigación de las universidades, la formación profesional complementaria, la educación no formal de adultos y las actividades matutinas y vespertinas de los escolares. El Estado provee de financiación en forma de asignaciones establecidas por ley y de ayudas discrecionales a los municipios y otros proveedores de educación para cubrir los costos operativos y las inversiones de creación de establecimientos.
En efecto, la descentralización educativa en nuestro país tiene los mismos objetivos y mecanismos, no ha surgido para resolver el problema de la centralización, gratuidad, universalidad y calidad. Se ajusta perfectamente al nuevo enfoque de la economía mundial de carácter neoliberal y el nuevo rol del Estado. El Gobierno ha diseñado este proceso en tres etapas; piloto, expansión y generalización, sin embargo ha fracasado no sólo por estar orientada hacia un proceso de privatización, sino también porque somos un país altamente diverso, plurinacional, multiétnico y multicultural, con inmensas desigualdades económicas y sociales que la vieja república no lo ah resulto, al contrario lo ha agravado. Existen municipalidades que no están en condiciones de resolver los problemas mínimos, menos podrán sustituir a las dependencias del MED e imprentar las aéreas de área de contabilidad, planillas, personal, presupuesto, tesorería, trámite documentario, archivos, actas, certificados, logística y/o abastecimientos. Si el presupuesto se sigue recortando para el sector educación en este caso para las UGELs y DREs como podría pasar a cada municipio distrital que son abundantes. La educación es la base del desarrollo de toda nación y a la vez un derecho inalienable de la población por lo tanto es responsabilidad del Estado y del Gobierno central garantizarla y no dejar al mejor postor o a los municipios. Al igual que en los demás países de América Latina la propuesta de Municipalización enfatiza de manera exclusiva los asuntos de administración y de gestión; atribuciones y recursos en la lógica del consenso de Washington y no de la propuesta educativa, modelo pedagógico, que permitiría darle una salida a nuestra alicaída educación.
PLANTEAMIENTOS ALTERNATIVOS.
1. La descentralización de la educación está íntimamente ligada a la reforma integral de la educación, que significa una respuesta integral a la crisis histórica y estructural de la misma, por lo tanto está enmarcada dentro la plasmación de un Estado democrático y soberano que ejerza el rol dirigente, una económica nacional y solidaria cuyo fin supremo sea el hombre, una política de bienestar que derrote la pobreza y la degeneración moral que establezca una nueva ética.
2. La descentralización educativa pasa por fortalecer el rol social y directriz del estado, capaz de reivindicar el derecho a una educación pública gratuita, universal y de calidad, como un derecho inalienable del ser humano y de los pueblos; que garantice su desarrollo integral y los capacite en el manejo de la investigación, ciencia y tecnología en el marco de un proceso de cambio y transformación del país.
3. La desacralización educativa tiene que estar al servicio del desarrollo del país, tomando como fortalezas la afirmación de las identidades nacional, respetando las tradiciones culturales solidarias y comunitarias, las formas ancestrales de democracia directa, de patriotismo. Pleno desarrollo de las potencialidades humanas, y con mayor razón, las de aquellas personas discapacitadas. La formación integral del ser humano supone confinar la formación científico tecnológico con lo científico humanístico. Educación para el desarrollo independiente y auto centrado, no solo como crecimiento económico sino como progreso social y cultural donde el hombre sea objeto y sujeto, con acceso a disfrutar de los bienes materiales y espirituales creados por la humanidad. Garantizar el financiamiento prioritario en educación por parte del estado, con un porcentaje que tenga referentes en los estándares nacionales, es decir, no menos del 6% del PBI. Lograr una educación de calidad, requiere a demás de los factores ya señalados invertir en ella.
4. Una descentralización real significa también que el currículo no solo responda a las cuestiones nacionales, sino al país multiétnico, multicultural y multilingüe y que partiendo de la realidad la escuela debe establecer establezca la unidad entre teoría y práctica. Que contenga una educación integral, que resuelva la contradicción entre escuela y comunidad; educación y producción, teoría con practica, instrucción con formación; conocimiento científico, técnico con saber popular, unidad con diversidad, integración con descentralización.
5. La descentralización de la educación tiene que asumir como uno de sus ejes centrales la preservación y defensa de nuestra cultura y promueva la formación de la identidad peruana, respetando y valorando nuestra diversidad cultural y conservando el medio ambiente y nuestros recursos naturales. Reconocer, respetar y afianzar los valores de la lengua materna, las culturas y las etnias; la historia, la literatura, y la identidad nacional, echando por tierra la exclusión y discriminación. El Estado tiene que fomentar el desarrollo integral de la población indígena, asumiendo la convivencia y el pluralismo lingüístico, multiétnico y cultural, de acuerdo con las tradiciones de cada región y/o localidad. Asimilar creativamente los avances que se dan en el mundo, específicamente en el terreno de la ciencia, la tecnología y demás ramas del conocimiento, que tengan como propósito servir a la mejora de la calidad de vida de los pueblos, y se conviertan en un factor del desarrollo económico y del progreso social.
6. Será posible empezar los procesos de descentralización, sólo si se garantiza un nuevo rol del estado, se resuelven los problemas de inequidad económica, social, se implante una verdadera reforma de la educación que apueste por la democracia participativa, el cambio y la unidad de la Nación. Los Gobiernos Regionales y locales y la comunidad educativa diseñar e implementar las políticas educativas en función a las políticas generales del MED, en ese nivel son imprescindibles la formulación de proyectos educativos locales, regionales vinculados estrechamente al proyecto educativo nacional y este al proyecto de desarrollo del país.
7. La realidad nos indica que el rol de los municipios en la actualidad consiste en apoyar la educación y no ejercer la responsabilidad del estado, más aun cundo el centralismo, la democracia, inequidad económica, social y cultural son alarmantes. Los municipios deben contribuir con la implementación de un conjunto de programas, tales como: Alimentación y Nutrición, formación de promotores y líderes juveniles, promoción y difusión de libros y otras publicaciones, construcción de auditorios para conferencias, etc.; embellecimiento y construcción de infraestructuras adecuadas para una buena educación, áreas verdes, red de bibliotecas y hemerotecas, actualización y perfeccionamiento docente, investigación pedagógica, prevención de accidentes de tránsito, cobertura de servicios básicos, seguridad escolar, diseño urbano, etc. Todo esto teniendo en cuenta los Proyectos de Desarrollo Local, ligados a los Regionales y estos al Nacional.
Lima, 14 de agosto del 2009
La educación que impone el imperialismo, su modelo neoliberal fracasado y la globalización hegemónica en curso, ha significado la aplicación de la “reforma educativa” diseñada por sus organismos financieros multilaterales, cuyo objetivo es terminar con la Educación como un derecho humano fundamental para convertirla en una vulgar mercancía, sujeta a las leyes del mercado, al alcance de los que puedan pagar por ella. Para eso se reduce el rol y obligación del Estado de garantizar la educación como derecho universal, gratuito y de calidad, se mezquinan los presupuestos, se envilecen las currículas, se degrada la profesión magisterial. Esta situación ha venido acompañada de una ofensiva ideológica con el propósito de destruir las manifestaciones culturales y la identidad Nacional de nuestros pueblos, promoviendo "valores" totalmente ajenos a nuestras culturas ancestrales que inspiran la solidaridad, la reciprocidad y la búsqueda del bien común. Su objetivo no solamente es allanar el camino a la profundización de la reforma educativa neoliberal, sino también consolidar una corriente de pensamiento conservador, autoritario y excluyente.
Luego del derrumbe del Estado de Bienestar se han introducido políticas neoliberales, abriendo la educación al mercado, diversificando los proveedores, y generando espacios de competencia entre sectores públicos y privados. El Estado de bienestar deficiente en su rol regulador y conductor, altamente centralizado y autoritario generó una fuerte tendencia de descentralización y democratización del sistema educativo, esta situación fue aprovechada por los gobiernos neoliberales para que en el discurso político prometan libertad de elección, autonomía, diversidad de ofertas, calidad y competitividad y en la práctica ejerzan mecanismos de poder y control más elevados, ejecutan el programa estricto de ajuste estructural, impuesto por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Cuyo propósito es reducir el gasto fiscal, debilitar a los sindicatos docentes o el poder de algunos gobiernos particulares (como lo intentó el Banco Mundial con el gobierno Sandinista en Nicaragua) y asegurar la continuidad del modelo neoliberal.
En la mayoría de los países de la región, el traspaso de "poder" se realizó hacia los gobiernos locales (estado, provincia, o municipalidad) al margen de un proceso de descentralización integral del Estado. Estos cambios introdujeron predominantemente políticas de descentralización lineal en que se delegan tareas desde arriba hacia abajo. Se les asigna a los gobiernos locales la responsabilidad de dar cuenta de sus decisiones y resultados al nivel central, y no necesariamente a la comunidad local. Por otra parte, un segundo giro de esta tendencia fue la introducción de políticas de privatización, competencia por financiamiento, autofinanciamiento disfrazado de autonomía escolar, y libre elección. De este modo, distintos actores se incorporan a participar de la oferta educativa, con lo cual se intenta generar un mercado y una competencia por atraer clientes. Esta situación hace que estas políticas tengan acogida de la población, puesto que el Estado aparece como abierto, descentralizado, protector y democrático, apoyando a diversos proyectos y sectores de la sociedad. Paralelo a la ampliación, diversificación y modernización del sistema educativo nacional, los estados fueron los que promocionaron e impulsaron la privatización y la transferencia de la gestión educativa pública a los municipios como formas de limitar el rol del financiador del Estado y trasferir progresivamente los costos a la comunidad.
En el campo de la educación, en la mayoría de los países, el Estado ha preservado e incluso incrementado su poder dejando poco espacio a las diversidades locales. Existe un conjunto de mecanismos para centralizar los recursos económicos e imponen un diseño curricular y evaluaciones hacia un doble interés, por un lado, para asegurar un capital humano favorable a la política económica. Y a su vez, procura garantizar una moral que preservar el orden social y el pensamiento único. Sumado a ello, ha crecido la centralización de estándares nacionales, evaluaciones y mediciones a estudiantes, a profesores, y a la gestión de las escuelas, además de sistemas de certificación. De forma creciente, en algunos países se están utilizando las evaluaciones estandarizadas para comparar y rankear las escuelas ofreciendo información "objetiva y transparente" para los padres. Además, a partir de las evaluaciones, las escuelas y profesores deben rendir cuentas de sus resultados, lo que trae aparejada la aplicación de des/incentivos del Estado, como por ejemplo la variación de sueldos y pensiones de los profesores, tal es el caso de nutro país.
En Argentina, la transferencia de las escuelas primarias (78) y de las escuelas secundarias (92) a las provincias consistió en una medida economicista de ajuste estructural, que traslada la responsabilidad del gasto público en educación a las provincias con el propósito de mejorar el equilibrio fiscal de las cuentas nacionales. El mejoramiento de los aspectos pedagógico-curriculares fue un aspecto secundario. Este proceso de descentralización burocrática y economista ha fracasado.
La reforma estructural implementada en Chile durante la década de los 80 se organizó alrededor de la municipalización de las escuelas y de la privatización del sistema, motivo por el cual es posible designar esta iniciativa en términos de una «descentralización con orientación privatizadora». Por un lado, la descentralización consistió en transferir a los más de 300 municipios del país una serie de competencias administrativas relacionadas con la infraestructura y el equipamiento, y con la gestión de recursos financieros y humanos. Desde el punto de vista de la demanda, se promovió la libertad de elección de los padres con respecto a la institución escolar para la educación de sus hijos, con independencia de su ubicación geográfica y de todo otro factor exógeno a su criterio. Asimismo, en el plano de la oferta de servicios educativos se promovió la libre competencia entre escuelas públicas y privadas, lo que significó en la práctica la privatización de la educación. La principal herramienta de promoción de la actividad privada en educación consistió en un esquema que combinó dos nuevas herramientas de financiamiento del sistema: la distribución de subsidios en proporción a la cantidad de alumnos matriculados tanto en escuelas municipales como en escuelas privadas; y un plan de incentivos para involucrar a empresas y a corporaciones en la administración de escuelas técnicas y vocacionales. Esto termino incrementando la inequidad entre los resultados educativos de los estados (municipios) pobres y los de los estados ricos. Los magros resultados de aprendizaje de los alumnos y la agudización de la desigualdad en la distribución social de las oportunidades educativas motivaron una nueva reforma, que, a diferencia de la de los 80, se centró en los aspectos estructurales del sistema y en los contenidos, entendida como modelo de descentralización pedagógico-curricular orientado a mejorar la calidad educativa, con intervención del Estado mediante programas de discriminación positiva que promuevan la equidad.
Diversos autores han advertido los peligros de estas políticas en contextos altamente estratificados e inequitativos, nos indican que tienden a aumentar los niveles de aislamiento y segregación social. Además, en varios casos existen proyectos de autonomía institucional y curriculum locales que son más bien una retórica formal, pues no están acompañados por las necesarias condiciones materiales y administrativas para llevarlos a cabo. Esta discusión sobre las políticas de descentralización es especialmente significativa en el contexto chileno, donde en la actualidad el esquema institucional del sistema educativo se encuentra fuertemente cuestionado. Hay suficiente evidencia y bastante consenso respecto a que el modelo educativo municipal actual es insostenible. Es un esquema inequitativo, poco eficiente, y con bajos niveles de autonomía y participación local. El Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2009, titulado: “Superar la desigualdad: por qué es importante la gobernanza” señala que “…las políticas de descentralización han amplificado con frecuencia las desigualdades, al ahondar las diferencias que se dan en materia de financiación ente las regiones más ricas y las más pobres.
Alan García Pérez a citado una y otra vez a Finlandia como ejemplo, comparar a Finlandia con nuestro país es irracional, absurdo y demagógico. Finlandia en primer lugar junto con Noruega y Suecia, es uno de los países con menor desigualdad en el mundo. Allí, sólo un 2% de la población es considerado pobre, pero seguramente con criterios distintos de los que usamos nosotros. Es un país, en donde todos viven en plenitud. Pero no es sólo la situación socioeconómica la que explica los altos niveles de calidad educativa en Finlandia. Este país comenzó a superar el analfabetismo en el siglo XVII. Son una población que habla dos lenguas originarias (finés, sueco o lapón) y por lo menos una lengua extranjera, generalmente el alemán, es una población letrada, con un nivel elevado de cultura personal. Además es uno de los primeros países del mundo que ha incorporado con calidad y eficiencia el manejo de las TIC. En Finlandia la educación es gratuita, universal y de calidad. Los municipios imparten casi toda la educación preescolar, básica y secundaria superior general. El Consejo de Estado decide los objetivos generales nacionales de la educación básica y la distribución de las horas de clase entre las asignaturas. El Consejo Nacional de Educación elabora las pautas para los programas de estudios de todo el país, en base a los cuales se elaboran los programas por municipio o por escuela. El Ministerio de Educación financia la educación general, la formación profesional básica y complementaria, la enseñanza y la labor de Investigación y Desarrollo de la escuela superior profesional, la enseñanza y la investigación de las universidades, la formación profesional complementaria, la educación no formal de adultos y las actividades matutinas y vespertinas de los escolares. El Estado provee de financiación en forma de asignaciones establecidas por ley y de ayudas discrecionales a los municipios y otros proveedores de educación para cubrir los costos operativos y las inversiones de creación de establecimientos.
En efecto, la descentralización educativa en nuestro país tiene los mismos objetivos y mecanismos, no ha surgido para resolver el problema de la centralización, gratuidad, universalidad y calidad. Se ajusta perfectamente al nuevo enfoque de la economía mundial de carácter neoliberal y el nuevo rol del Estado. El Gobierno ha diseñado este proceso en tres etapas; piloto, expansión y generalización, sin embargo ha fracasado no sólo por estar orientada hacia un proceso de privatización, sino también porque somos un país altamente diverso, plurinacional, multiétnico y multicultural, con inmensas desigualdades económicas y sociales que la vieja república no lo ah resulto, al contrario lo ha agravado. Existen municipalidades que no están en condiciones de resolver los problemas mínimos, menos podrán sustituir a las dependencias del MED e imprentar las aéreas de área de contabilidad, planillas, personal, presupuesto, tesorería, trámite documentario, archivos, actas, certificados, logística y/o abastecimientos. Si el presupuesto se sigue recortando para el sector educación en este caso para las UGELs y DREs como podría pasar a cada municipio distrital que son abundantes. La educación es la base del desarrollo de toda nación y a la vez un derecho inalienable de la población por lo tanto es responsabilidad del Estado y del Gobierno central garantizarla y no dejar al mejor postor o a los municipios. Al igual que en los demás países de América Latina la propuesta de Municipalización enfatiza de manera exclusiva los asuntos de administración y de gestión; atribuciones y recursos en la lógica del consenso de Washington y no de la propuesta educativa, modelo pedagógico, que permitiría darle una salida a nuestra alicaída educación.
PLANTEAMIENTOS ALTERNATIVOS.
1. La descentralización de la educación está íntimamente ligada a la reforma integral de la educación, que significa una respuesta integral a la crisis histórica y estructural de la misma, por lo tanto está enmarcada dentro la plasmación de un Estado democrático y soberano que ejerza el rol dirigente, una económica nacional y solidaria cuyo fin supremo sea el hombre, una política de bienestar que derrote la pobreza y la degeneración moral que establezca una nueva ética.
2. La descentralización educativa pasa por fortalecer el rol social y directriz del estado, capaz de reivindicar el derecho a una educación pública gratuita, universal y de calidad, como un derecho inalienable del ser humano y de los pueblos; que garantice su desarrollo integral y los capacite en el manejo de la investigación, ciencia y tecnología en el marco de un proceso de cambio y transformación del país.
3. La desacralización educativa tiene que estar al servicio del desarrollo del país, tomando como fortalezas la afirmación de las identidades nacional, respetando las tradiciones culturales solidarias y comunitarias, las formas ancestrales de democracia directa, de patriotismo. Pleno desarrollo de las potencialidades humanas, y con mayor razón, las de aquellas personas discapacitadas. La formación integral del ser humano supone confinar la formación científico tecnológico con lo científico humanístico. Educación para el desarrollo independiente y auto centrado, no solo como crecimiento económico sino como progreso social y cultural donde el hombre sea objeto y sujeto, con acceso a disfrutar de los bienes materiales y espirituales creados por la humanidad. Garantizar el financiamiento prioritario en educación por parte del estado, con un porcentaje que tenga referentes en los estándares nacionales, es decir, no menos del 6% del PBI. Lograr una educación de calidad, requiere a demás de los factores ya señalados invertir en ella.
4. Una descentralización real significa también que el currículo no solo responda a las cuestiones nacionales, sino al país multiétnico, multicultural y multilingüe y que partiendo de la realidad la escuela debe establecer establezca la unidad entre teoría y práctica. Que contenga una educación integral, que resuelva la contradicción entre escuela y comunidad; educación y producción, teoría con practica, instrucción con formación; conocimiento científico, técnico con saber popular, unidad con diversidad, integración con descentralización.
5. La descentralización de la educación tiene que asumir como uno de sus ejes centrales la preservación y defensa de nuestra cultura y promueva la formación de la identidad peruana, respetando y valorando nuestra diversidad cultural y conservando el medio ambiente y nuestros recursos naturales. Reconocer, respetar y afianzar los valores de la lengua materna, las culturas y las etnias; la historia, la literatura, y la identidad nacional, echando por tierra la exclusión y discriminación. El Estado tiene que fomentar el desarrollo integral de la población indígena, asumiendo la convivencia y el pluralismo lingüístico, multiétnico y cultural, de acuerdo con las tradiciones de cada región y/o localidad. Asimilar creativamente los avances que se dan en el mundo, específicamente en el terreno de la ciencia, la tecnología y demás ramas del conocimiento, que tengan como propósito servir a la mejora de la calidad de vida de los pueblos, y se conviertan en un factor del desarrollo económico y del progreso social.
6. Será posible empezar los procesos de descentralización, sólo si se garantiza un nuevo rol del estado, se resuelven los problemas de inequidad económica, social, se implante una verdadera reforma de la educación que apueste por la democracia participativa, el cambio y la unidad de la Nación. Los Gobiernos Regionales y locales y la comunidad educativa diseñar e implementar las políticas educativas en función a las políticas generales del MED, en ese nivel son imprescindibles la formulación de proyectos educativos locales, regionales vinculados estrechamente al proyecto educativo nacional y este al proyecto de desarrollo del país.
7. La realidad nos indica que el rol de los municipios en la actualidad consiste en apoyar la educación y no ejercer la responsabilidad del estado, más aun cundo el centralismo, la democracia, inequidad económica, social y cultural son alarmantes. Los municipios deben contribuir con la implementación de un conjunto de programas, tales como: Alimentación y Nutrición, formación de promotores y líderes juveniles, promoción y difusión de libros y otras publicaciones, construcción de auditorios para conferencias, etc.; embellecimiento y construcción de infraestructuras adecuadas para una buena educación, áreas verdes, red de bibliotecas y hemerotecas, actualización y perfeccionamiento docente, investigación pedagógica, prevención de accidentes de tránsito, cobertura de servicios básicos, seguridad escolar, diseño urbano, etc. Todo esto teniendo en cuenta los Proyectos de Desarrollo Local, ligados a los Regionales y estos al Nacional.
Lima, 14 de agosto del 2009
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