lunes, 8 de diciembre de 2008

MUNICIPALIZACION DE LA SALUD Y EDUCACION EN LA DICTADURA DE FUJIMORI

Los tres servicios sociales básicos conquistados mediante la lucha del pueblo y los trabajadores, que han venido funcionado en beneficio - no integral, por cierto - de las mayorías nacionales como son educación, salud y seguridad social, son los blancos de la privatización neoliberal.
El régimen fujimorista pretendió empezar con la privatización de la educación, desde 1991. Luego del golpe de Estado del 5 de abril de 1992, emprendió la ofensiva privatizadora en los sectores de la salud y la seguridad social, sin abandonar las medidas neoliberales en educación.
La seguridad social es el servicio que ha pasado ya, casi totalmente, al sector privado, tanto en el régimen de pensiones, como en el servicio de salud, con ESSALUD.
LAS ADMINISTRADORAS DE SALUD
En lo que se refiere a la salud como servicio público general, con la reación de los CLAS (Comités Locales de Administración de la Salud), las nuevas tarifas impuestas en los hospitales del Estado, el despido masivo de trabajadores y el alquiler de mano de obra por las services, la privatización ha marchado aceleradamente, de tal manera que el Estado ha reducido gran parte de sus gastos en el servicio.
MUNICIPALIZACION: UN PASO A LA PRIVATIZACION
En el sector educación, fracasados sus intentos de privatización directa debido a la resistencia del SUTEP, de los padres de familia y sectores progresistas, el régimen fujimorista, bajo las orientaciones del Banco Mudial, introdujo mecanismos de privatización indirecta a través del régimen de contratos de maestros, evaluaciones de personal para el despido y la reducción de gastos, obligatoriedad para los padres de familia en el mantenimiento de los centros educativos (D.S. 020 - ED -98), fusión de centros educativos y transferencias de estos a entidades religiosas, elevación de cuotas por matrículas en las universidades del Estado así como gastos elevados para la obtención de grados y títulos profesionales, hasta llegar a obligar a los padres de familia a sufragar los contratos de guardianes, profesores de educación física y otras necesidades de personal en los centros educativos.
La transferencia de la administración de la eduacación y la salud a los gobiernos locales, con el pomposo nombre de "descentralización" de tales servicios, es el paso más decisivo para avanzar en la privatización de ambos sectores, en concordancia con las recomendaciones del Banco Mundial y con el Acuerdo de Facilidad Ampliada que la dictadura fujimorista ha firmado este año con el F.M.I. para el periodo 1999 - 2002.
Como ocurre en Argentina, la medida nada tiene que ver con la descentralización; mucho menos en el Perú donde el centralismo se ha acentuado en los últimos diez años. Se trata, simplemente, de traansferir las obligaciones financieras y laborales que competen al gobierno central, a los municipios, cuyas falencias en materia financiera y en autonomía los obligarán a descargar, con más fuerza, el gasto de educación y de salud hacia la población que requiere de esos servicios. La atomización de los servicios, el caos en su funcionamiento, la utilización clientelista de su administración, así como la desarticulación de los gremios correspondientes como uno de los objetivos que tiene el gobierno, serán las consecuencias de la mal llamada descentralización.
DEFENDER CON LA LUCHA LOS DERECHOS DEL PUEBLO
Razón tienen los maestros del SUTEP, los trabajadores de la salud y no pocos sectores de la población en rechazar la medida; y no porque estén en contra de la descentralización, sino porque ésta sólo puede entenderse como un proceso económico y social de transferencia de facultades de autogobierno hacia las regiones, departamentos y provincias del país. Lo que viene haciendo el régimen neoliberal es todo lo contrario.
LA "DESCENTRALIZACION" NEOLIBERAL DE LA EDUCACION
La crisis de la educación no es en modo alguno ajena a la crisis del Perú republicano. Las burguesías nativas dominanates no han sido capaces de darle al pueblo una educación acorde a sus necesidades e intereses.
La educación pública, en las dos últimas décadas, ha tenido un financiamiento decreciente; ello tuvo como causa no sólo la crisis económica y la caída de la producción de la década del 80, sino también el poco interés de los gobernantes por mejorar la calidad de la educación o, lo que es peor, la total ausencia de un Proyecto de Desarrollo Nacional, que tenga en la educación uno de sus pilares fundamentales y, por lo mismo, priorizarlo.
La crisis económica, más el desinterés en materia educativa generaron la caída del gasto público en el sector. De acuerdo a los datos del Ministerio de Economía y Finanzas, en 1988 el gasto público en educación descendió en 39.61 %; en 1989 en 10.62 %; en 1990 en 6.8 %.
En 1990, se produjo la traumática alza del costo de vida, lo que tuvo efectos inmediatos en la contracción de la matrícula. Entre 1991 y 1992 la desersión pasó de 3 % al 6 % . Pero además se produjo una reducción drástica del gasto público en educación del 40 % con relación a 1982. Esto ha traído como consecuencia la congelación del haber de cerca de 300 mil maestros.
Según estudios realizados por algunos investigadores se puede constatar que la inversión que el Estado ha hecho por cada alumno ha ido disminuyendo. Entre 1970 - 197, el promedio de gasto anual por alumno de educación secundaria fue $ 304.00. Entre 1980 - 1989 fue $ 202.00 Entre 1990 - 1994 de $ 169. 00.
No hay razones para creer que el proceso de municipalización que pretende llevaar a cabo el gobierno vaya a a significar incremento del presupuesto al sector educación. Todo lo contrario. Sabemos bien las dificultades que tienen los municipios para hacer frente a sus funciones ordinarias.
Las municipalidades del Perú son diversas y muy heterogéneas, no solamente con relación a sus características sociales y culturales, sino también en relación a su realidad económica.
En la reunión de Jomtien, en Tailandia (1990) se adoptaron un conjunto de orientaciones precisas del Banco Mundial: se insistió en la necesidad de trasnferir decisiones a los gobiernos locales, en el entendido que gradualmente es éste y la comunidad educativa quienes deben ir asumiendo paulatinamente los gastos en educación. Las reuniones posteriores del Banco Mundial y las "orientaciones" del Fondo Monetario Internacional, han insistido mucho en municipalizar la educación y la saalud. Por esa vía ha quedado abierto el camino que lleva a la privatización.
Frente a ello, a los maestros, padres de familia, alumnos, instituciones de base, les toca desarrollar una gran movilización que tenga como objetivo específico la lucha por la defensa del derecho del pueblo a la educación. En ese sentido hay que dar pasos más significativos y trascendentes, conformar un organaismo amplio constituido por sectores vinculados al magisterio nacional, a los padres de familia, a las instituciones académico científicas, a las organizaciones cívicas, a las personalidades que se unan en un frente de defensa de la educación, la ciencia y la cultura.
De esa forma la defensa al derecho a la educación pública estará ligada a la necesidad de levantar una propuesta de educación democrática, nacional, científica, que, articulada al proyecto nacional de desarrollo, sea capaz de formar integralmente a los miembros de una sociedad vasta, pluricultural y multilingue como la nuestra.

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